Constitucion y sistema penal

Ante la expansion del Derecho penal, con deficits de certeza y garantias, los autores de esta obra colectiva proponen introducir una minima racionalidad, tanto en la elaboracion de la dogmatica juridico-penal, como en su creacion, aplicacion e interpretacion. Racionalidad que pasa por justificar las decisiones conforme a los principios constitucionales que limitan el ejercicio del ius puniendi. En esta linea se propone que el principio de distribucion del castigo penal se legitime en cuanto reflejo real y democratico de los valores que sobre la justicia penal tiene la sociedad. Se subraya, ademas, la importancia de recuperar el prestigio del legislador a partir de un modelo racional de ley penal que tome como base los principios de legalidad y proporcionalidad. Se pone, asi mismo, el acento en la necesaria legitimidad democratica de la ley, ya que en la actualidad se encuentra sujeta a la voluntad de organismos o instituciones que carecen de aquella. En relacion con la aplicacion se formulan criterios que permitan, tanto a los Tribunales ordinarios como al Tribunal Constitucional, la critica y el control de las leyes penales, destacandose la tecnica de la ponderacion judicial. En esta linea se incide en la influencia ejercida por el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, en la interpretacion del principio bis in idem, esencial en el derecho sancionatorio. Tambien se examinan, desde una optica constitucional, figuras centrales del sistema penal como la detencion, la prescripcion de la pena o los delitos de odio y discriminacion que, de un tiempo a esta parte, han despertado un progresivo interes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.