Obligaciones derivadas de la ley de prevencion del blanqueo de capitales en el ambito de las profesiones juridicas

Que ocurriria si el profesional a quien confias tus secretos mas intimos tiene obligacion de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas mas elementales de nuestro ordenamiento juridico excluyen la obligacion del abogado de denunciar la comision de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es mas, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesion esta protegido por el secreto profesional, por la mas estricta confidencialidad que envuelve la relacion del ciudadano con su abogado. La creciente preocupacion existente a nivel internacional por la legalizacion de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarco la aprobacion de la primera Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el proposito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalizacion de aquellas ilicitas ganancias, se le incluyo como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislacion que se situa en el ambito de la prevencion y no de la represion que, ademas, permite poner a disposicion de los poderes publicos una radiografia financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de organos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero tambien, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales. Por tanto, que ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicacion de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su funcion profesional? Y, si a todo lo anterior anadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, ademas de las correspondientes sanciones impuestas en esta via, podria incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente? Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento juridico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a traves de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal.